Porque la movilidad es esencial para que las personas puedan acceder al trabajo y a los servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad, y está íntimamente vinculada a la libre circulación y a la facilidad de los desplazamientos, impactando de manera relevante en la calidad de vida de las personas.
Porque el reto climático y la salud exigen la adaptación del sistema de transporte hacia una movilidad limpia, menos vinculada a la utilización del vehículo privado.
Porque la digitalización y las nuevas tecnologías están transformando la movilidad, y es necesario adaptar el marco jurídico para poner estas herramientas al servicio de las personas.
Porque es necesario garantizar que las inversiones públicas se centran en aquello que genera un mayor valor social.